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Ninguna familia solvente sin crédito para pagar su vivienda protegida (VPO). Ésa es la máxima con la que trabaja el Departamento de Beatriz Corredor para pactar con la banca la financiación del plan 2009-2012. Por ello, el ministerio avalará con 6.000 millones el 50% del importe de las hipotecas de VPO que se suscriban este año y el que viene.

Raquel Díaz Guijarro – Madrid – 22/05/2009

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, anunció ayer la creación de una línea de garantías por la que el ministerio compartirá el riesgo de los nuevos préstamos para la compra de VPO. Además, adelantó que ya se ha firmado la orden de convocatoria para seleccionar a las entidades financieras que colaborarán en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, por lo que los bancos y cajas interesados en este mercado tendrán a partir de ahora un plazo de 10 días para presentar sus planes de colaboración en VPO.

Corredor explicó que en estos momentos la mayor dificultad en el acceso a la vivienda es la obtención de crédito y que “la peor hipoteca es la hipoteca que no se da”. Por ello, el Gobierno plantea ahora este nuevo incentivo con el objetivo de que “las entidades que ahora le están diciendo no a una familia cuando pide un préstamo para comprar una VPO, le den un sí”. Así, el Gobierno garantizará la compra de estas casas a unas 100.000 familias españolas “solventes y responsables” para facilitar que obtengan la hipoteca. Esta nueva línea de garantías o avales será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y cubrirá el 50% del importe de los préstamos que se concedan para la adquisición de VPO. De este modo, el Ejecutivo calcula que se movilizarán hipotecas por valor de 12.000 millones de euros, de los que 6.000 millones tendrán ese aval público, que se pagará con cargo a los presupuestos del Ministerio.

Fuentes oficiales explicaron que la garantía será temporal y su duración será variable en función del grado de compromiso de las entidades con la financiación de la compra de VPO en el marco del plan 2009-2012. “Lo lógico es que el aval se mantenga durante los primeros años de vida del crédito, cuando es más probable la morosidad. El límite establecido con carácter general para todas las entidades es que se avalará hasta un máximo equivalente al 3% de la morosidad de la cartera de créditos para VPO”, indicó Marcos Vaquer, subsecretario de Vivienda. Según los últimos datos disponibles, el porcentaje de préstamos dudosos de los hogares para adquisición de vivienda asciende al 2,36%, porcentaje que se reduce significativamente en el caso de las hipotecas de casas con algún grado de protección. Estas mismas fuentes resaltaron que no sólo podrán beneficiarse de estas garantías las hipotecas sobre VPO de nueva construcción, sino aquellas que procedan del stock de pisos de renta libre que permanecen sin vender y que al bajar sus precios se reconvierten en viviendas protegidas. “Adoptamos esta medida porque el Gobierno tiene confianza en las familias; está convencido de su responsabilidad y de su capacidad para hacer frente a sus obligaciones y no queremos que se conviertan en las víctimas finales de la crisis financiera internacional”, explicó la ministra.

Teniendo en cuenta los trámites que aún restan para que esta medida pueda aplicarse, el Ministerio calcula que los primeros créditos con estas garantías empezarán a concederse el próximo mes de julio.

Premio para las entidades que concedan más préstamos

Una de las principales novedades del convenio de financiación del plan 2009-2012 es que el Ejecutivo pretende premiar a los mejores bancos y cajas en materia de VPO. Para ello, tendrán la consideración de “entidades preferentes” aquellas que hayan concedido préstamos convenidos para vivienda protegida por encima de los 75 millones de euros, así como las que incrementen el volumen anual de sus concesiones de créditos en 20 millones o más.

El premio a ese mayor grado de compromiso será la posibilidad de tener mayores garantías en la nueva línea de avales con la que se persigue que se faciliten los préstamos, el privilegio de participar en la Mesa de Seguimiento Financiero del plan y su reconocimiento de cara al público con la asignación de un distintivo específico como entidad colaboradora preferente, “el equivalente a un sello de calidad”, según el Ministerio. Aplicando ese perfil al plan actual habría entre 9 y 12 entidades.

Mercado refugio para capear los tiempos revueltos

El sector de la construcción trabaja con la hipótesis de que este año se entregarán 600.000 casas y apenas se iniciarán unas 200.000, por lo que el paro seguirá aumentando a cifras de escalofrío. Por ello, el Ministerio de Vivienda ha decidido echar toda la carne en el asador, entiendiendo éste como el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. Corredor recordó ayer que la VPO es un valor refugio no sólo para el mercado inmobiliario, ahora que los promotores no optan por edificar nuevos pisos hasta no vender el stock, sino también para el sector financiero.

Este tipo de viviendas, las protegidas, suponen ya el 50% de todas las iniciadas en el último trimestre de 2008. Además, los expertos coinciden en que cuentan con una demanda asegurada y bajos índices de morosidad. Con la aprobación del nuevo programa plurianual, se ha ampliado la posibilidad de adquirir una VPO a las familias con ingresos de hasta 48.000 euros.

Fuente: cincodias

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) –

   El Ministerio de Vivienda pagará a los promotores entre 2.000 y 3.500 euros por cada vivienda protegida que construyan superando las exigencias de eficiencia energética que establece el Código Técnico de Energía (CTE).

   Según la normativa vigente, las viviendas protegidas reciben una calificación de la A a la G según sus características, desde las más a las menos eficientes. Si bien, esta subvención sólo afectará a las tres primeras categorías (A,B y C) para incentivar la construcción de las tipologías más eficientes.

   Concretamente, según se precisa en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, las viviendas que obtengan una calificación A, contarán con un pago de 3.500 euros, las de calificación B, de 2.800 euros y las de calificación B, de 2.000 euros.

   De esta forma, el Gabinete que dirige Beatriz Corredor pretende establecer una ayuda que incentive la promoción eficiente desde el punto de vista energético, toda vez que desde el sector se ha puesto más de un ‘pero’ al CTE por el incremento de costes que implica.

   En este sentido, la titular de Vivienda aprovechó la presentación del Solar Decathlon Europe 2010, que se celebrará en Madrid el próximo mes de junio, para alentar al sector y pedir a arquitectos y constructores “que sean sensibles a la necesidad de una mayor eficiencia energética”.

Fuente: Europapress

VALLADOLID, 4 May. (EUROPA PRESS) –

   Las promotoras vallisoletanas Guadalmina (Grupo Parquesol), San Martín La Overuela y Prigot S.A, fueron las primeras de la ciudad en firmar con el Ayuntamiento sendos acuerdos que supondrán la venta de 101 viviendas de protección oficial en suelos inicialmente planificados para el mercado libre, lo que supondrá rebajas de hasta el 20 por ciento en los precios.

   El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, firmó hoy los acuerdos con las tres constructoras que, como reconoció el consejero delegado de Parquesol Inmobiliaria, Manuel Rodríguez Acosta, permite a las compañías “no parar la actividad” aunque con un ajuste del precio que deja los márgenes de beneficios en niveles “nulos o casi nulos”.

   Así, como explicaron los constructores, las dificultades para encontrar compradores de vivienda libre les ha llevado a adoptar la decisión de ofrecer los pisos con protección. “Las cosas están mal y en momentos complicados hemos tenido que unirnos en una decisión como esta”, explicó el representante de Prigot, Carlos González Toribio.

   En total serán 101 viviendas de protección oficial que se pondrán a disposición de los demandantes inscritos en la lista de la Junta de Castilla y León. En el caso de San Martín La Overuela, las 13 viviendas ya están construidas y forman parte de un bloque en el que la otra mitad se seguirá ofreciendo con precio libre. Sin embargo, como explicó su representante, Pedro San Martín, hasta ahora solo habían vendido un piso.

   La promoción de Prigot, ubicada en Arcas Reales está ya en construcción y su precio inicial, que era de en torno a 196.000 euros en el mercado libre, se quedará en unos 152.000 euros para las 35 VPO que pretenden vender.

   Por último, el proyecto de Guadalmina, perteneciente al Grupo Parquesol, aún no ha comenzado pero se ubica sobre un suelo en que se podían construir viviendas libres. Según el consejero delegado del Grupo, los precios previstos se van a reducir en torno a un 15 por ciento, pero los pisos estarán terminados con “las mismas calidades”.

   Así, las viviendas se pondrán en el mercado a unos precios sensiblemente inferiores a lo previsto, lo que supondrá, a juicio de Rodríguez Acosta, que los márgenes sean “escasísimos”. Sin embargo, las compañías continuarán con la actividad y podrán seguir pagando a sus trabajadores.

   El procedimiento de adjudicación será, como indicó el regidor vallisoletano, el habitual en las viviendas protegidas que realiza la Sociedad de Suelo y Vivienda (VIVA), sorteándolas entre los inscritos en la lista de demandantes de la Junta y con las condiciones de una antigüedad de al menos dos años con empadronamiento en la ciudad y no superar un tope de ingresos anuales. Además, en algunas de las promociones también se reservarán pisos para familias con hijos.

   Tanto los constructores como León de la Riva consideraron que será posible vender todas las viviendas a los ciudadanos que resulten adjudicatarios. No obstante, el primer edil apuntó que en los últimos tiempos, como consecuencia de la recesión económica y la contracción del consumo puede haber más dificultades, por lo que mostró su deseo de que las entidades financieras concedan los créditos hipotecarios a los compradores.

   Así, el alcalde añadió que, de los cerca de 10.000 demandantes que están actualmente registrados en la lista de la Administración regional en Valladolid “menos de la mitad reúne las condiciones”, ya que recordó que la Junta en muchas ocasiones inscribe a muchas personas para “no tener problemas” y en las adjudicaciones se comprueba que no cumplen los requisitos. Además rechazó eliminar la condición del empadronamiento porque, insistió, el Ayuntamiento debe “dar prioridad a los que están tributando en Valladolid”.

PRECIOS DEL SUELO

   Con respecto a la crisis del sector inmobiliario, Carlos González Toribio, señaló que, a su juicio, el “factor principal” fue los elevados precios que se pagaron por parte de todas las promotoras para adquirir suelos urbanizables. “No se deberían haber pagado a lo que costaron, pero había que subirse al carro”, recordó.

   Asimismo, reconoció que quizás los constructores se “subieron a la parra” cuando el mercado inmobiliario mostraba un crecimiento constante. “Todos hemos tenido la culpa, pero aunque se viera venir era difícil ponerse de acuerdo para evitar la situación actual, porque cada empresa tiene su forma de trabajar”, reflexionó el promotor.

Fuente: Europa Press