Actas de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad de esa fecha incluyen claras advertencias: “La financiación vía edificabilidad no parece del todo sostenible y por tanto, preocupa la financiación de la actuación” / También la Junta puso sobre la mesa que “sobrecostes de hasta un 60% más de las previsiones iniciales” al incluir el soterramiento que “quiebra el planteamiento inicial del convenio con la Sociedad” / Javier León, se empeñó en publicitar el proyecto UTE IDOM, RICHARD ROGERS Y VIDAL que no contaba con el aval de los socios
El ingente volumen de documentación proporcionado a los integrantes de la Comisión de Investigación sobre el funcionamiento de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad esconde piezas sin las cuales es imposible armar el puzzle de la historia del fallido soterramiento en Valladolid. Muchas claves se encuentran buceando entre las actas de la sociedad y algunas de ellas resultan especialmente descriptivas.
Este es el caso de la celebrada el 13 de junio de 2006, en la que los representantes de ADIF y la Junta de Castilla y León ya ponen en duda la viabilidad de la operación y se describen las intervenciones del por entonces alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, empeñado en hacer públicos proyectos que ni siquiera contaban con la aprobación del resto de socios.
La reunión se celebró el 13 de junio a las 12 horas en la sede social fijada entonces en las dependencias de la Delegación del Gobierno en Castilla y León. La presidía el secretario de Estado socialista Víctor Morlán, como vicepresidentes actuaban el ex alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva y el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván.
En aquella reunión se abordó la necesidad de ampliar las actuaciones contempladas en el convenio inicial, suscrito en 2002, “para el traslado de la sociedad Redalsa, la promoción de la Estación de Autobuses y el traslado del CTV (Centro de Tecnología de Vía)”.
En el punto tres, “programa de trabajo y presupuesto de la sociedad para 2006”, Ricardo Bolufer, Director General Económico Financiero y de Control de Adif, toma la palabra para “expresar su extrañeza por que no se discutan determinadas actuaciones solicitadas por otras administraciones socias, como la ejecución del soterramiento con tuneladora y el alargamiento del mismo y que, sin embargo, sí se discuta el sobrecoste de una actuación solicitada por el Grupo Fomento, como es la mejora de los talleres”.
Belufer recuerda entonces a los señores consejeros que “el sobrecoste de las actuaciones detectado hasta la fecha no incluye los costes financieros de las operaciones. La financiación vía edificabilidad no parece del todo sostenible y por tanto, preocupa la financiación de la actuación”.
Todo un aviso que, además, fue secundado por la Junta, Luis Alberto Solís Villa, director general de Carreteras e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León, también tomó la palabra para “insistir en el hecho de que la Sociedad trae causa de un Convenio de Colaboración en el que se contemplaban una serie de actuaciones, planteamiento que quiebra por el sobrecoste de realizar el soterramiento, tal y como se establece en la Declaración de Impacto Ambiental. Los costes de las actuaciones se cubrían originariamente con los aprovechamientos urbanísticos, por lo que habrá que ver cómo se financian los sobrecostes de hasta un 60% más de las previsiones iniciales. En efecto, habría que estudiarse cuanto antes la forma de cubrir las citadas diferencias antes de que el déficit de la operación llegue a ser del 100%”, apuntó antes de que el propio secretario de Estado y presidente de la Sociedad, Víctor Morlán interviniera para aclarar: “Las cifras que se han venido manejando no dejan de ser meras estimaciones, por lo que hacer previsiones sobre las mismas generan confusión. Por el contrario, es partidario de que cualquier cifra que se presente a discusión en un futuro, se encuentre respaldada por documentos”.
El contenido del acta de esta reunión celebrada en junio de 2006 también resulta clarificador al recoger intervenciones del ex alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva.
Pese a las pegas y las dudas ya expresadas, el interés del ex alcalde estaba claro.
El Director General de Planificación Estratégica de Adif, Vicente Gago Llorente puso en conocimiento de los consejeros que “ADIF difiere con los criterios contenidos del documento presentado, en los que se refiere a los requisitos que debe reunir el entorno de la estación ferroviaria. En consecuencia, tales diferencias de criterio habrían de ser objeto de análisis común por todas las administraciones socias, por lo que no resulta muy oportuno que la UTE IDOM, RICHARD ROGERS Y VIDAL presente en público un documento cuyo contenido no ha sido consensuado previamente”.
El alcalde de Valladolid, sin embargo, tomó la palabra para aclarar que “Rogers pretende únicamente dar una conferencia sobre la Ciudad Sostenible, en el curso de la cual expondrá sus trabajos sobre Valladolid, de manera indiciaria y haciendo más hincapié en los pasillos verdes y no en la edificabilidad de Vialia ni en la accesibilidad de la estación, tema este último que ni siquiera se detalla en los esquemas a presentar durante la mencionada conferencia”.
Parece claro que lo importante en ese momento para De la Riva no eran los números, sino dar publicidad a un proyecto que, una década después no se ha desarrollado, ha puesto en peligro el futuro de la Sociedad y le ha conducido al banquillo de los acusados por haber avalado por su cuenta y riesgo cantidades millonarias sin informes ni conocimiento del pleno.
Fuente: Último Cero
