Renfe asume que el traslado a los nuevos talleres será en septiembre

JORGE MORENO | VALLADOLID

Sin la máxima responsable al frente del Ministerio de Fomento (Ana Pastor), designada presidenta del Congreso de los Diputados el pasado 19), y con cargos políticos en dos áreas de este departamento, como son Adif y Renfe, que no saben sobre su continuidad y lo que conlleva poder adoptar decisiones vinculantes a medio plazo, el Ayuntamiento de Valladolid no logró ayer arrancar mayores compromisos al Gobierno central que el de acelerar los trámites de la puesta en marcha de los nuevos talleres de Renfe, en San Isidro.

Fomento se sienta con el 50% en Valladolid Alta Velocidad, la empresa que se constituyó en 2003 para llevar a cabo el soterramiento del ferrocarril, la construcción de unos nuevos talleres de Renfe, y la urbanización de la zona que ocupa la estación Campo Grande y Farnesio.

En la reunión en Madrid, que duró más de dos horas y en la que participaron también Ángel Marinero, director general de Vivienda de la Junta, y Elena González Gómez, directora general de Sociedades de Integración, Filiales y Participadas de Adif, no se registró mayor avance que el relativo a los talleres. Unas instalaciones construidas, pero que están paradas por el concurso de acreedores de la empresa IPK, a la que Renfe encargó un túnel de pintura que está entregado, pero a falta de la firma de recepción al estar en concurso la mercantil.
Sin embargo, los técnicos del Ministerio informaron que en los próximos días se desbloqueará esta cuestión de acuerdo con el Juzgado, lo que permitiría acelerar la apertura de los nuevos talleres de mantenimiento y el traslado de los más de 500 trabajadores, algunos de los cuales están ahora en la sede del paseo de Farnesio. En principio, Fomento se comprometió a que fuera efectivo en septiembre, una fecha que se suma a otras incumplidas desde hace casi dos años.

Los ediles trataron de arrancar un compromiso por parte de Renfe para que asumiera la diferencia del coste por la construcción de los talleres de San Isidro. Inicialmente eran 50 millones, pero la cifra final alcanza los 196 millones. El Consistorio pretende que sea la compañía estatal la que aporte mayor dinero a la sociedad Valladolid Alta Velocidad, puesto que «será ella la que se beneficie de estas instalaciones», diseñadas para el mantenimiento de unidades de Ave.

Por otra parte, Fomento comunicó verbalmente a los ediles la nueva valoración de las tres alternativas para el soterramiento y urbanización de la zona.

Alternativas y costes

La primera, la del Plan Rogers, pasaría hoy de los 562 millones de euros previstos a los 1.336. Hasta ahora se han invertido 554 millones, por lo que, según el Ministerio, restarían de ejecutar de obra unos 782 millones. Esta opción urbanística incluiría el soterramiento de 5 kilómetros del ferrocarril (desde el Matadero hasta más allá de Delicias) y la estación de tren subterránea.

La valoración de la segunda opción, que comprendería efectuar un soterramiento con muros pantallas, tramos más cortos y la estación de Campo Grande en superficie, supondría una inversión de 1.050 millones de euros de coste final. Pendiente de ejecutar quedarían actualmente cerca de 497 millones.

Por último, el Ministerio valora la tercera opción, que no incluye el soterramiento del tren sino una permeabilización por debajo de la vía mediante pasos subterráneos, en 901 millones de euros, de los cuales restarían por ejecutar 347 millones. Fomento no concretó a los concejales Manuel Saravia y Antonio Gato cuáles serían aquellos puntos de la ciudad donde se construirían estos pasos para vehículos y peatones.

Convenio para refinanciar

Otra de las cuestiones que se abordaron fue la financiación de estas obras. Entidades como el BBVA, Santander, La Caixa, España-Duero, el ICO o Bankia han aportado desde el 2003 dinero para todas estas operaciones. El Ayuntamiento, sin embargo, pide que se haga una nueva refinanciación pero «a tipos de interés y condiciones de mercado actuales, no las de entonces».

Tampoco nada se concretó en este aspecto, excepto que los sondeos realizados por Fomento frente otros bancos no permiten mayores modificaciones financieras. Actualmente la deuda contraía por la Sociedad Alta Velocidad con las entidades es de 346 millones de euros.

Los dos concejales que acudieron a Madrid pidieron a los técnicos de Fomento y a la directora general que antes de septiembre les faciliten documentación sobre todas estas líneas de trabajo. Por el momento el Ministerio se ha comprometido a remitir datos sobre los talleres.

Tras la reunión, el concejal de Hacienda, Antonio Gato, señaló que «la falta de Gobierno se nota por cuanto los interlocutores que han acudido han sido mayoritariamente más técnicos que políticos».

Fuente: El Norte de Castilla

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