Notarios y registradores cobran de más a sus clientes

Xavier Gil Pecharromán

Una buena parte de los notarios y los registradores cobran de más a sus clientes en las cancelaciones de hipotecas, sobre vivienda, ignorando los aranceles fijos (tarifas oficiales) aplicables al caso, según denunció ayer la Organización de Consumidor es y Usuarios (OCU) y ratificaron a elEconomista numerosas fuentes de ambos colectivos profesionales.

Incluso el Colegio de Notarios de Andalucía ha abierto varios expedientes a notarios de su adscripción, que han sido denunciados por sus clientes. Ademas, existe ya una sentencia condenatoria firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 2010, y están pendientes de dictamen algunas sentencias más en toda España.

La OCU se ha dirigido al Ministerio de Justicia, a la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) y a la Fiscalía para que requiera a ambos colectivos a que inicien la revisión de oficio de las facturas por cancelaciones hipotecarias desde diciembre de 2007 y devuelvan, en su caso, las cantidades cobradas indebidamente.

Una decisión política

La intención del legislador, según la DGRN, es que el notario debe cobrar una cuantía fija de 30,05, cualquiera que sea el importe de la hipoteca cancelada. Si se suman a ese importe los demás conceptos, resulta que una escritura de 10 páginas no debería costar más de 70 euros. Sin embargo, según el importe medio de las facturas incorrectas analizadas por la OCU, este cobro medio supone 260 euros.

El registrador, según la DGRN debe aplicar el arancel al capital pendiente de devolver (que no supone pago alguno si la hipoteca está ya pagada) y reducir el resultado en un 90 por ciento. El total a cobrar son 2,40 euros que, añadidos a los restantes conceptos incluidos en la minuta, da una cifra de 24 euros y no los 144 euros que ha comprobado la OCU.

Las conclusiones del estudio muestran que en el 92 por ciento de los casos hubo pagos indebidos y al extrapolar las cancelaciones de hipotecas del año 2010, la OCU estima que notarios y registradores podrían haber cobrado de forma indebida a sus clientes cerca de 93 millones en tan solo un año.

La situación de cobros irregulares se inició en 2007, a raíz de la entrada en vigor de la reforma Ley Hipotecaria, que impone en su artículo 10 la obligación de aplicar el cobro a las cancelaciones hipotecarias como documento sin cuantía, lo que suponía aplicar a partir de ese momento el arancel.

A raíz de la entrada en vigor, algunos colegios notariales comenzaron a reinterpretar la normativa y a defender la posibilidad de aplicar un porcentaje sobre el monto de la operación, al mantener que sólo era aplicable el arancel a las subrogaciones de acreedor o a las novaciones modificativas de hipotecas. Esta teoría ha sido defendida por diversos colegios notariales.

La DGRN se ha pronunciado, desde el 12 de marzo de 2009, cerca de una veintena de veces para confirmar que este tipo de operaciones deben ser consideradas como documentos sin cuantía.

Su postura es que ?no son de recibo los argumentos, disquisiciones y excusas que tanto el notario autorizante primero, como la Junta Directiva del Colegio, después, oponen a una Ley que no distingue las formas en que el prestatario renegocia sus condiciones financieras (?), pues resulta clara la voluntad manifestada durante la tramitación, primero del Proyecto de Ley y luego de la Ley en las Cortes Generales, de abaratar los costes de las operaciones hipotecarias?.

El Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España afirmaron que la interpretación de la norma arancelaria que regula esta materia, está todavía pendiente de resolución definitiva por los tribunales contencioso-administrativos en Madrid, Cataluña, País Vasco y Andalucía.

Por su parte, el Consejo del Notariado, a través de una nota, considera que los notarios deben aplicar la doctrina de la DGRN en materia de cancelación de hipotecas, -que en los últimos meses se ha pronunciado en el sentido de que son documentos sin cuantía-, sin perjuicio y a la espera de conocer los pronunciamientos judiciales pendientes sobre la materia.

Fuente: elEconomista

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