Es su último cartucho. Después de un largo e infructuoso peregrinaje por los vericuetos de la Administración y de las constructoras, la comunidad de propietarios de las sesenta viviendas concertadas, promovidas por la Junta, en los números 1, 3 y 5 de la calle La Yunta, en el barrio de Campo de Tiro (junto a la Ronda Este frente a Las Flores), han decidido acudir a los tribunales. Su objetivo: que la Consejería de Fomento, como promotora, y la empresa Ferrovial, como constructora, asuman los 55.000 euros que costará arreglar los graves desperfectos detectados en estos bloques, que se concluyeron en abril de 2007 y que no pudieron ser ocupados hasta enero de 2009. Los residentes esperan encontrar el respaldo de la Justicia a sus peticiones, mientras que fuentes del Ejecutivo autonómico aseguran que siguen mediando con la empresa para que asuma las reparaciones.
El rosario de averías que encontraron los afectados desde su llegada a los dos edificios ha ido a más. Durante los dos años que los pisos estuvieron desocupados por la falta de acuerdo entre Urbelar (gestora elegida por la Junta) y Ferrovial (constructora), los inmuebles sufrieron la visita de los vándalos, que los tomaron como un espacio para el botellón, las hogueras, el tiro al cristal y que incluso forzaron pisos para hacer fiestas en su interior.
Ya con los adjudicatarios dentro, los vecinos han tenido que hacer frente a varias derramas por valor de 8.900 euros para solucionar lo más urgente. Tras vivir dos meses con continuos cortes de luz por problemas en las tomas de electricidad, cambiaron el motor de un ascensor que se averió por las filtraciones de agua de la cubierta, sustituyeron la rampa del garaje al dejar la mayor parte de las resbaladizas losetas sueltas tras la obra y tuvieron que arreglar las bombas del agua, atascadas por la falta de uso durante dos años. A ello, se suma el pago de los extintores, porque la empresa no lo puso a pesar de ser obligatorios. En este proceso los residentes no han podido tirar de las diferentes garantías industriales, ya que vencieron en los dos años que los pisos estuvieron terminados, pero desocupados.
La demanda, admitida a trámite, recoge una amplia descripción de los desperfectos. Los vecinos han encargado un informe a un arquitecto que, a su juicio, deja claro que aún queda mucho trabajo por hacer y que esas intervenciones tienen un coste de 54.711,41 euros, en el que se incluyen los 3.732 que ya adelantaron por el motor del ascensor. Puertas de zonas comunes desencajadas de sus marcos, filtraciones y grietas a lo largo de todas las escaleras, humedades en garajes y trasteros y una cubierta con sumideros que no tragan, son solo algunas de la deficiencias que ayer pudo constatar este periódico durante un recorrido con los vecinos. Eso sin contar con la calidad de los materiales. Bombillas en la escalera metidas en una especie de casquillo de sirena, puertas del portal de chapa con unos tiradores peligrosos, barandillas de la escalera mal rematadas, ventanas de hierro en los descansillos mal aisladas por las que el agua se cuela con facilidad cada vez que llueve o albardillas medio sueltas que se mueven con el viento con el consiguiente peligro.
Sus problemas van más allá. Según consta en la demanda, la Concejalía de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Valladolid mantiene abierto un expediente a la comunidad de propietarios por los molestos ruidos que generan los tres ascensores y que superan los límites legales. Se da la circunstancia que los elevadores llevan las guías de anclaje en la pared que da a los dormitorios de los vecinos en vez de discurrir, como hubiera sido lo lógico según destacan los residentes, por las paredes no habitadas. Así, el Consistorio obliga a la comunidad a realizar obras de insonorización bajo la amenaza de clausurarlos si no se acometen y se certifica de nuevo que cumplen con los niveles de sonido que marca la normativa.
La demanda insiste en que los defectos no pueden denominarse de acabado o remate, ya que se incumplen requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.
Los adjudicatarios recibieron en 2009 el respaldo del Procurador del Común de Castilla y León, quien reprendió a la Consejería de Fomento por los retrasos en la entrega de las viviendas y aconsejó imponer penalizaciones a las empresas. De hecho, la Junta mantiene abierto un expediente sancionador contra la gestora Urbelar. Javier Amoedo admitió otra queja por los desperfectos, pero la acaba de archivar a la espera de que concluya el proceso judicial iniciado ahora.
http://www.nortecastilla.es/v/20110309/valladolid/vecinos-recurren-juez-tras-20110309.html
La OMIC recibe 1.519 reclamaciones sobre viviendas
Es el primer órgano al que se recurre, pero en la mayoría de los casos las reclamaciones por desperfectos constructivos o incumplimientos de contrato en viviendas acaban dirimiéndose en los tribunales. La Oficina del Consumidor que gestiona el Ayuntamiento de Valladolid recibió en 2010 un total de 1.519 quejas de propietarios y comunidades por esta materia, una cifra que bajó respecto al año anterior (2.071). Según explican fuentes de este órgano, en el 40% de las quejas las constructoras se avienen a reparar los desperfectos, mientras que el resto pasa a los juzgados. De momento, no se recuerda ninguna empresa de edificación que haya aceptado entrar en un arbitraje. La Oficina del Consumidor mantiene un convenio con el Colegio de Arquitectos que facilita, a un precio más asequible, la elaboración de un informe pericial sobre los daños en el edificio para que los propietarios lo puedan aportar en caso de querer reclamar los arreglos a la constructora por la vía judicial.
http://www.nortecastilla.es/v/20110309/valladolid/omic-recibe-reclamaciones-sobre-20110309.html
Burla
No me importa reconocer que he vivido muchos años en una casa de protección oficial. Es más: sería un idiota si ocultara mis orígenes, porque lo meritorio no es mantener un condado sino dejar atrás las liendres y poder refrescarse el pescuezo con colonias de 70 euros. Para mi familia fue una lotería que nos realojaran en un pisito del Grupo 29 de Octubre, en Pajarillos Bajos. Este sistema de dignificar la vida de los que menos tienen sigue siendo válido, y tan importante es disponer de un techo decente como que el producto final sea decoroso. Porque el que consiguió cambiar su covacha por una de estas viviendas del Campo de Tiro sigue teniendo los mismos derechos que si pagara de su bolsillo la casa y las persianas. Habrá gente que diga que el inquilino solo ha puesto 70 mil euros de su bolsillo, pero menos ha puesto la Junta, porque aquí todo es a escote, y ya se sabe que nada es caro. Por eso me parece bien que estos vecinos canten la gallina y exijan que se reparen los desperfectos de sus no tan flamantes casitas acudiendo al juzgado ante la falta de respuesta de las instituciones. Es una burla que nadie atienda sus demandas, aunque puede que tengan suerte porque las plantean en la mejor época posible: la campaña electoral, momento que los políticos aprovechan para hacer caso a alguien distinto a ellos mismos.
http://www.nortecastilla.es/v/20110309/valladolid/burla-20110309.html
