El Procurador del Común ya les dio la razón en 2009.
Ahora vuelven a la carga. Entonces, la institución que preside Javier
Amoedo propinó un rapapolvo a la Junta por los importantes retrasos
tanto en la selección de los adjudicatarios de estas sesenta viviendas
protegidas como en la entrega de las mismas, casi dos años después de lo
previsto. El informe reprendía a la Consejería de Fomento por no haber
impuesto penalizaciones a las empresas (o al menos haber amenazado con
ellas) y recomendaba abrir un expediente sancionador a la promotora, que
aún sigue su trámite.

De nuevo, el defensor del pueblo de Castilla y León acaba
de admitir otra queja de la comunidad de propietarios del número 5 de
la calle La Yunta, en la zona de Campo de Tiro. En esta ocasión por los
graves desperfectos que presenta este inmueble, que construyó Ferrovial y
promovió Urbelar dentro de una gestión que realizó el Ejecutivo
regional como vivienda pública concertada. Los pisos, que se concluyeron
en abril de 2007, no fueron entregados hasta enero de 2009. En ese
tiempo, los vándalos hicieron de las suyas en este edificio y vencieron
buena parte de las garantías industriales de la construcción, lo que ha
dejado a los propietarios «totalmente vendidos». A los botellones y
hogueras en los portales, rotura de cristales y cerraduras forzadas
durante la desocupación, se unieron, tras la entrada de los vecinos, la
localización de decenas de graves fallos en la edificación.

En marzo, sin luz

En el año y ocho meses que los residentes llevan en sus
casas -«estuvimos hasta marzo sin luz, porque Iberdrola no daba paso a
las conexiones»- ha habido que hacer derramas por valor de 8.900 euros
para cambiar el motor de un ascensor que se inundó por las
filtraciones; reparar la rampa del garaje, que dejaron completamente
levantada, poner los extintores reglamentarios o arreglar las bombas del
agua, atascadas por la falta de uso, entre otros costosos parches que
han sido abonados por estos sufridores «con sueldos muy normalitos».

Pero aún queda tela. Los residentes han encargado un
informe a un arquitecto que valora en 50.000 euros las reparaciones
necesarias para acabar desperfectos constructivos de este bloque:
humedades en cubiertas que provocan goteras irreparables, trozos de
fachada que se desprenden, puertas comunes desencajadas o falta de
seguridad en las chimeneas y albardillas, que han requerido de la
presencia de los bomberos. Para remate los tres ascensores están
pendientes de clausura, porque superan en el doble el máximo de
decibelios permitidos. Vamos, todo un despropósito. «¿Donde se ha visto
esto en unas viviendas que son nuevas?», se preguntan los afectados.

La comunidad ya celebró un acto de conciliación con la
promotora y la constructora. «Urbelar no se presentó y Ferrovial dijo
que iba a mandar un técnico y hasta ahora», resumen. En sus carpetas
archivan multitud de escritos dirigidos a todos los implicados y también
las respuestas, que hasta ahora son nulas. En breve, presentará una
demanda en los juzgados. «La Junta como administración responsable de la
promoción debe vigilar que el dinero público que se ha invertido aquí,
realmente está aquí», reclaman indignados.

Fuentes de las Consejería de Fomento admiten que el
edificio presenta deficiencias, pero eluden la responsabilidad última.
Dicen que ellos dieron una subvención para la compra del suelo y otra
del 20% para la adquisición de las viviendas, cuyos precios quedaron
para el comprador en 36.000 euros más IVA para los pisos de 50 metros
cuadrados y 65.000 más IVA para los de 87. En la Junta aseguran haber
hecho todas gestiones para que promotora y constructora, que han tenido
problemas económicos en su relación, asuman los arreglos que quedan. «Ya
se pintó la fachada y repararon varias cosas; se está instando
continuamente a que cumplan», afirman en Fomento, a la vez que precisan
que los pisos están dentro de la normativa. Añaden que Urbelar tiene
abierto un expediente sancionador y que «no se va a ir de rositas».

Los propietarios ya no creen a la Administración regional
y recalcan que la responsabilidad es de la Consejería de Fomento.
«Gestionaron las listas, adjudicaron las viviendas y han puesto el
dinero; se les llena la boca con el caramelito de la VPO, pero aquí no
han venido a inaugurarlas, por algo será», dicen. También tienen un
reproche al Ayuntamiento por haber dado de paso con la licencia de
primera ocupación «este cúmulo de desmanes». Los afectados avanzan que
no cederán. Muy a su pesar están bregados en la batalla.