Segundo informe del Procurador del Común en menos de semanas en el que se censura la forma de gestionar la promoción de viviendas de protección oficial en Valladolid. Después de su contundente análisis de las irregularidades detectadas en Los Santos Pilarica, la institución presidida por Javier Amoedo acaba de emitir una resolución en la que reprende a la Junta de Castilla y León por no haber impuesto penalizaciones a la promotora de 60 viviendas de VPO en el plan parcial Campo de Tiro. El Defensor del Pueblo de la comunidad autónoma da la razón a los adjudicatarios de estos pisos, ubicados en la zona este de la capital, y subraya que tanto en la construcción del bloque como en el proceso de selección de los beneficiarios se produjeron importantes retrasos. En el primer caso, los plazos se superaron en 19 meses, mientras que en los trámites de selección la Consejería de Fomento tardó dos años y medio, diez meses más de los previsto en la legislación. Estas demoras han supuesto importantes perjuicios para los beneficiarios de estas viviendas, que promovió la empresa Urbelar y construyó Ferrovial.
El Procurador del Común recuerda que en las bases de la orden de Fomento 482/2003 de 14 de abril, por las que se reguló esta promoción, se establece que en el caso de que el promotor incumpliera los plazos la Consejería de Fomento podrá aplicar las sanciones previstas, algo que no se ha llevado a cabo. El equipo de Amoedo recupera jurisprudencia del Supremo para destacar que las penalizaciones «constituyen un instrumento de presión para asegurar el cumplimiento regular de la obligación contractual». «A nuestro juicio hubiera sido conveniente que, con la finalidad de tratar de reducir tanto como fuera posible el plazo de ejecución de las viviendas, se hubiera, cuando menos, anunciado la imposición de las penalizaciones indicadas», dicen, para reconocer después que ya no es posible hacerlo.
La institución reconoce que en los procesos de selección de adjudicatarios de viviendas protegidas el gran número de solicitudes complica la tramitación. Sin embargo, argumenta que el departamento que dirige Antonio Silván debería haber informado a los ciudadanos de los motivos de la demora y ampliar el plazo para resolver.
Por último, la Procuraduría califica como falta grave el retraso en la elevación a escritura pública de los contratos de compraventa de las VPO. En este caso, considera que aún se puede abrir un expediente sancionador a la empresa promotora y así se lo propone a la Junta. Tras el rapapolvo, el equipo de Amoedo valora positivamente las actuaciones que la Consejería de Fomento ha llevado a cabo con la finalidad de acortar los plazos de entrega de las viviendas en la última parte de esta larga y tediosa historia, que han sufrido las familias beneficiarias de los pisos en Campo de Tiro.
Fuentes de la consejería señalaron el viernes que la asesoría jurídica está estudiando la resolución del Procurador para tomar una decisión. Acotaron que este departamento del Ejecutivo autonómico cumple con las resoluciones de la institución. El último ejemplo de ello es el informe sobre las irregularidades detectadas en el plan parcial Los Santos Pilarica. En este caso, la Dirección General de Vivienda se ha comprometido a que las promotoras apliquen los precios del modulo del 2007, tal y como se establecía en los pliegos de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA).
Siguen los problemas
Los portavoces de las familias de los pisos de Campo de Tiro, que entraron en sus casas el pasado 15 de enero, han acogido con satisfacción la resolución del Procurador del Común después de cuatro años de espera. No obstante, subrayan que los problemas continúan, ya que el bloque sufre importantes desperfectos en su construcción. «Se han entregado tarde y no están en condiciones, por eso aquí nadie de la Junta ha venido a inaugurar y a entregar las llaves para hacerse la foto», recalcan. Los vecinos ultiman los trámites para acudir a los tribunales contra la promotora y recuerdan que en la Junta «están al tanto de lo que pasa, saben de sobra cómo nos han dado los pisos». El PSOE criticó la «ineptitud» en la gestión de VPO por parte de la Junta, que genera «graves perjuicios para ciudadanos que tienen necesidad de vivienda».
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