El Ayuntamiento inicia tres procedimientos sancionadores en Los Santos-Pilarica

Vidal asegura que un segundo promotor asumirá el proyecto de Larcovi, que no consiguió el crédito inicial

16.06.09 – 16:43 – Europa Press | Valladolid

La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, Cristina Vidal, aseguró hoy que el Consistorio y la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo (VIVA) han iniciado ya tres procedimientos sancionadores contra las promotoras Raimconsa, Covipro y Nueva Dimensión S.L, por incumplimientos en los plazos de solicitud de permisos y calificaciones en viviendas de Los Santos-Pilarica.
En declaraciones recogidas por Europa Press, la edil vallisoletana dio la razón al informe del Procurador del Común de Castilla y León hecho público ayer en algunos aspectos como que en el caso de las promociones de Los Santos no se informó antes de los sorteos de los derechos y obligaciones de los adjudicatarios.
Sin embargo, con respecto a la recomendación del defensor del pueblo castellanoleonés, Javier Amoedo Conde, para que se inicien procedimientos sancionadores contra las promotoras que hayan incurrido en incumplimientos de los plazos, la concejal confirmó que ya se han iniciado proceso para sancionar a tres empresas.
Así, Covipro y Raimconsa, como señalaba el Procurador el plazo transcurrido entre la adjudicación de las parcelas y la solicitud por la que definitivamente obtuvieron la calificación provisional de vivienda protegida transcurrieron 19 meses, cuando el plazo indicado en los pliegos de condiciones es de tres meses.
Además, en estos casos existen indicios de que las empresas cancelaron un primer proceso de solicitud para retrasar la concesión y poder vender los pisos a un precio máximo de mayo de 2008 –un 18 por ciento más que el de 2007–. Por su parte, Nueva Dimensión también incumplió el plazo de solicitud.
Por otra parte, en referencia a la posibilidad de imponer las máximas sanciones que llegan hasta la resolución del contrato de enajenación y retirada de la titularidad de la parcela cuando se superen los 30 meses de plazo para terminar las obras, Vidal matizó que la postura del Ayuntamiento no es conforme con la del Procurador porque “hay que saber de qué 30 meses estamos hablando”.
Mientras el defensor del pueblo incide en que se cuenta desde el otorgamiento de la licencia de obras, Cristina Vidal considera que que se inicia el plazo cuando se “pueden compatibilizar la construcción y la urbanización”, por lo que todavía queda tiempo para que el Consistorio pueda ejercer las medidas.
A este respecto, el caso de la promoción de Larcovi, que aún no ha comenzado a construir por la ausencia de un acuerdo con Banesto para obtener el préstamo promotor y que planteó a los 108 adjudicatarios que se constituyeran en cooperativa, apuntó que el plazo habría empezado a contar a principios de 2008.
Por ello, apuntó que VIVA ya está “próxima” a encontrar una resolución para esta problemática con la entrada en el proyecto de un segundo promotor que afrontaría las obras ante los problemas financieros de la adjudicataria del proyecto.
Por otro lado, Vidal apuntó que, tal y como apunta el Procurador del Común, esperará a que la Consejería de Fomento ordene la vuelta al precio máximo de venta establecido en la calificación provisional teniendo en cuenta la concesión por silencio administrativo, para instar a las promotoras a tomar esta decisión.
Asimismo, la edil vallisoletana destacó que el informe reconoce que VIVA informó a los adjudicatarios de que no están obligados a adquirir una segunda plaza de garaje, pero reconoció que no se hizo antes de la celebración del sorteo.
Vidal justificó este punto en que las selecciones de adjudicatarios en el año 2007 aún eran realizadas por las propias promotoras. De hecho consideró que desde diciembre de 2007 VIVA acordó que los sorteos serían organizados con su responsabilidad y aseveró que, desde ese momento, se informa previamente de los derechos y obligaciones de los adjudicatarios.
Sin embargo, insistió en que el Procurador exime de responsabilidad en este punto al Ayuntamiento de Valladolid, ya que se trata de un acuerdo civil de voluntades, por lo cuál serán los adjudicatarios que compraran la segunda plaza quienes deban emprender acciones judiciales.

Fuente: El Norte de Castilla

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