Las primeras once demandas fueron interpuestas por afectados de las promociones de La Esperanza y Pinar de Jalón
12.05.09 – 21:15 – Agencias | Valladolid
El Juzgado de Primera Instancia Decano de los de Valladolid recibió hoy las primeras once demandas interpuestas por otros tantos compradores de viviendas de protección oficial (VPO) proyectadas en Pinar de Jalón y La Esperanza en las que solicitan la nulidad de los contratos de compraventa de una segunda plaza de garaje que, tal y como mantienen, les ha obligado a suscribir a la fuerza y de forma totalmente ilegal la constructora Covipro S.L.
Las demandas fueron presentadas por el vicepresidente de la Asociación de Vecinos Santos – Pilarica, Eduardo Villarramiel, y el presidente de Facua Castilla y León Consumidores en Acción, Jesús Ulloa, quienes, en declaraciones recogidas por Europa Press, explicaron que tras más de mes y medio de negociaciones con Covipro se ha tenido que llegar a esta vía ante la negativa «total y rotunda» de la citada cooperativa de devolver de forma voluntaria el importe de la segunda plaza de garaje, unos 10.000 euros.
El primero de ambos incluso aseguró tener constancia de que la empresa, que por contrato tiene estipuladas penalizaciones de un 25 por ciento en caso de renuncia a esa segunda plaza, «está amenazando a la gente con no devolver ni un duro de la cantidad anticipada».
Villarramiel no descartó que a estas primeras demandas presentadas por seis compradores de VPO en Pinar de Jalón y cinco en La Esperanza sigan otras muchas de ambas zonas, donde está previsto entregar las promociones este año y «se está presionando para escriturar cuanto antes», y también de Santos – Pilarica , donde la entrega de las viviendas es a más largo plazo.
De hecho, en esta zona, como así aseguró Villarramiel, el ritmo de las obras de urbanización va con un retraso de tres meses y la venta de viviendas está totalmente paralizada. «¡Aquello es un desastre total!», añadió, no sin antes recordar que diez promociones han sido iniciadas pero hay otras cinco que no lo han hecho.
Por su parte, el presidente de Facua, Jesús Ulloa, recordó que la Ley de VPO obliga a comprar plaza de garaje o trastero pero no una segunda plaza de aparcamiento, de ahí que la asociación que representa se dirigiera en enero y nuevamente en marzo a la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA) y a la Dirección General de Vivienda de la Junta para la depuración de responsabilidades, sin que, como así denunció, hayan tenido contestación alguna, salvo la comunicación de la segunda instancia de que el escrito ha sido derivado al Servicio Territorial de Vivienda.
Ante ello, los afectados, a través de Facua, han acudido finalmente a la vía civil para, técnicamente, promover ‘juicio ordinario de acción de nulidad y subsidiariamente de anulabilidad de los contratos de compraventa de la segunda plaza de garaje’ de los primeros once demandantes.
Fuente: El Norte de Castilla
