Valladolid fue la representante de los municipios de la región en la reunión en la que se aprobó la subida de precios. Ante las quejas de los adjudicatarios, el alcalde llegó a pedir a la ministra de Vivienda que, antes de subir el precio, “consulte primero al Ayuntamiento”
“Sin tener en cuenta al Ayuntamiento”. Así aseguraba el pasado 4 de marzo el alcalde que había tomado el Ministerio de Vivienda la decisión de subir los precios de las viviendas de protección oficial en Valladolid.
Una vez más, faltando a la verdad o desde el desconocimiento, el alcalde aprovechaba una visita a un edificio de viviendas protegidas en construcción, para exonerar al Ayuntamiento de
la responsabilidad de los incrementos de precio de las VPO de Los Santos-Pilarica, asegurando que se había dirigido a la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, para solicitarle que en próximas ocasiones, cuando se decida de forma «unilateral» modificar los módulos de precios de vivienda protegida, se consulte primero al Ayuntamiento.
Javier León insistía en aquella ocasión en que los “paganos” de la situación, los adjudicatarios, culpabilizan al Ayuntamiento porque “parece que es el Consistorio el que ha subido los precios de los suelos, de los módulos y de todo”, -publicó la prensa-, y añadía que “sería bueno» que en próximas ocasiones el Ministerio consulte al Ayuntamiento para «ver cuántas viviendas están en promoción, cómo están las licencias y, al igual que en medicina, prever antes que curar».
No era, desde luego, la primera vez que el alcalde se expresaba tan rotundamente, apuntando a Junta y Ministerio para redireccionar la responsabilidad en el controvertido asunto del cambio de módulo y sus consecuencias para los compradores de viviendas protegidas en Los Santos-Pilarica.
La realidad, en cambio, es bien distinta, puesto que el Ayuntamiento de Valladolid representó a todos los municipios de la Comunidad Autónoma en la reunión, celebrada el 21 de diciembre de 2007, en la que se acordó solicitar al Ministerio la subida del precio de estas viviendas.
Así, no puede decir el alcalde que el Ayuntamiento de Valladolid no conocía ni ha informado la propuesta, más bien al contrario, ha sido un ayuntamiento privilegiado, pues le correspondió el honor de representar a los 2.248 municipios de Castilla y León e informar en su nombre.
En efecto, en la composición del Observatorio Regional de Vivienda y Suelo de Castilla y León, que dio el visto bueno a la petición de cambio de módulo para Valladolid,
las entidades locales de la comunidad estaban representadas por César Alonso González, gerente de Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA), a quien había designado como tal la Federación Regional de Municipios y Provincias -entendemos que por delegación de la Concejala de Urbanismo y Vivienda, Cristina Vidal-.
La propuesta de incremento de precios, formulada por la Junta de Castilla y León, fue objeto de un debate amplio, según el acta de la sesión, en la que no se recoge intervención alguna de César Alonso, por lo que cabe suponer su conformidad con la misma, en representación de los ayuntamientos de Castilla y León y, en particular, del de Valladolid.
De este modo, el 14 de enero de 2008, un mes después, el director general de Vivienda de la Junta solicitó al Ministerio de Vivienda que Valladolid pasara a ser municipio B, dejando de ser municipio C, lo que se traducía en una subida de precio del 14% para las VPO que se construyeran a partir de ese momento.
La solicitud se hace conforme al Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, que regula el Plan Estatal de Vivienda y Suelo, y en ella consta que la propuesta había obtenido el dictamen favorable del Observatorio Regional de Vivienda y Suelo de Castilla y León, regulado por el Decreto 52/2002, de 27 de marzo, en su reunión de 21 de diciembre de 2007.
La petición es asumida por el Ministerio de Vivienda, y se concreta mediante Orden FOM/785/2008, de 16 de mayo, de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León,
que es la que fija los coeficientes que permiten calcular el precio de las viviendas protegidas.
El PSOE insiste en que el precio es el de 2007
Además de dejar al descubierto de nuevo el populismo de las palabras del alcalde, que no duda jamás en afirmar falsedades para salir de los apuros en los que le introduce su deficiente gestión, el Grupo Municipal Socialista reclama, una vez más, que se cumpla lo que dicen los pliegos que firmaron las promotoras en Los Santos-Pilarica, de los que se deriva que el precio a pagar es el de 2007.
Más allá de las opacas negociaciones del alcalde con algunas de las empresas para que retrotraigan los precios de venta de las viviendas a los que estaban en vigor en 2007, tal y como exigían los pliegos, el PSOE cree necesario que de una vez por todas, el Ayuntamiento obligue a las empresas, y no a unas, sino a todas, a que cumplan sus compromisos con los compradores.
En opinión del presidente del Grupo, Oscar Puente, todo el proceso es un desastre, puesto que este proceder está provocando serios perjuicios a terceros: a algunos, porque no pueden afrontar el pago de 30.000 euros más que ahora se les reclaman sobre el precio fijado en los pliegos, y a otros, porque ante la imposibilidad de pagarlos, renunciaron a las viviendas, y ven cómo ahora, el precio baja de nuevo, habiendo perdido su oportunidad, y sin poder recuperarla.
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Fuente: Grupo Municipal Socialista Ayuntamiento de Valladolid
