El retraso de las VPO de Los Santos Pilarica supondrá una subida media de 5300 euros

La asociación de vecinos pidió ayer a los afectados que se sumen a la vía judicial que pretenden abrir para resolver este caso

La asamblea tuvo lugar en el instituto Juan de Juni

Fernando Zabala

Ó. Fraile

El incremento medio de los precios de las más de mil viviendas de
protección oficial (VPO) proyectadas en Los Santos Pilarica se sitúa en
5.300 euros como consecuencia de los retrasos en la calificación
provisional de los terrenos. Así lo aseguró ayer el presidente de la
asociación de vecinos Santos Pilarica, César Arribas, en una asamblea a
la que acudieron algo más cien afectados por este caso. Cabe tener en
cuenta que las viviendas de algunos vecinos no han subido de precio,
por lo que otras «se han encarecido más de 20.000 euros».

La
reunión sirvió para hacer una llamada a todos los adjudicatarios a
sumarse de forma conjunta y como denunciantes al proceso judicial que
la asociación pretende iniciar. Arribas pidió el apoyo de todos los
asistentes para «hacer fuerza». El representante de los vecinos también
informó de que el pasado jueves mantuvo una reunión con la concejala de
Urbanismo y Vivienda, Cristina Vidal, en la que, según él, les dijeron
que estaban equivocados en el tema de los retrasos, aunque no les
explicaron en qué aspectos, además de recordarles que el Ayuntamiento
está investigando este problema. La asociación Santos Pilarica invitó a
la asamblea de ayer a la propia Vidal y al alcalde, aunque ninguno de
los dos asistió.

Los representantes vecinales también
propusieron utilizar los casi 4.100.000 euros que el Ayuntamiento
ingresará de más por vender los terrenos más tarde de lo previsto para
crear un fondo con el que en el futuro poder indemnizar a los
afectados, un extremo al que se negaron los representantes municipales.
Según Arribas, desde la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de
Valladolid (VIVA) les dijeron que «cuanto más gane el Ayuntamiento
mejor, porque así se podrán construir más VPO». Según las previsiones
de la asociación de vecinos, de continuar la demora las plusvalías de
VIVA podrían llegar a los seis millones, cerca de un 25% del valor de
algunas viviendas.

La abogada de la asociación de consumidores
Facua Rocío Matilla también estuvo presente para informar a los
afectados de que «no tienen por qué tener miedo» porque «la vía
judicial no suspende la construcción de las viviendas».

El
problema al que se enfrentan estos adjudicatarios de VPO es un supuesto
retraso en la calificación de los terrenos sobre los que se construirán
las viviendas. En el momento en el que el Ayuntamiento adjudica la
construcción de un bloque de viviendas a una empresa, ésta tiene un
plazo de tres meses para solicitar a la Junta la calificación
provisional. Según la asociación, la mayoría de las constructoras no
cumplió ese trámite a tiempo y el precio del módulo de VPO experimentó
un aumento en 2008 del 4,7% por el IPC (las viviendas tenían que estar
escrituradas en junio de 2007) y del 13% posteriormente cuando el
Gobierno, a petición de la Junta, pasó a integrar a Valladolid dentro
del grupo B de ciudades y no del C, un cambio que implica un aumento en
el precio de las VPO.

Reivindicación. De este modo, los
vecinos piden que, tal y como se establece en el pliego de condiciones,
se les aplique el precio del módulo de 2007 y no el de 2008. La
asociación también critica al Ayuntamiento por no sancionar a las
promotoras por este retraso. Según el pliego de condiciones, por cada
mes de retraso se podría castigar a la constructora a pagar un 2,5% del
valor del suelo. Además, si en medio año sigue sin solicitar la
calificación provisional, el Ayuntamiento puede anular la adjudicación
de la parcela.

En este sentido, Arribas dijo tener la certeza de
que todas las constructoras que obtuvieron la calificación en 2007
acudieron posteriormente a la Junta para saber si podían aplicar los
precios de 2008, aunque, «evidentemente», la respuesta fue negativa. El
presidente de la asociación también informó de que algunas
constructoras se han negado a someterse a la Junta de Arbitraje para
resolver este caso.

Otro de los problemas a los que se enfrentan
estos vecinos es una supuesta «coacción» de las constructoras para
obligarles a comprar una segunda plaza de garaje bajo la amenaza de
perder la vivienda si no lo hacen. Arribas aseguró que el director
general de la Junta le aseguró que esto «es ilegal», pero que «se lleva
haciendo toda la vida».    

Fuente: El Día de Valladolid

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