A consecuencia de los incumplimientos de plazos de la mayoría de las
empresas promotoras de las Viviendas de Protección Oficial de Los
Santos-Pilarica, no sólo los promotores incumplidores se beneficiarán
económicamente, en perjuicio de los compradores, sino que también el Ayuntamiento (VIVA) ingresará 4 millones de euros más de lo debido, que saldrán directamente de los bolsillos de estos sufridos ciudadanos, concretamente casi 6.000 euros por adjudicatario.
De los datos aportados por VIVA a preguntas del Grupo Socialista se
desprende que, sumando al precio de licitación de 2006 el porcentaje de
la actualización de 2007 (un 4,72%), -el único posible dentro de los
plazos previstos en el Pliego de adjudicación-, y comparándolo con el
que ha cobrado VIVA en las escrituras firmadas hasta la fecha, el
Ayuntamiento de Valladolid (VIVA), ingresará 4.096.974,49 euros como
consecuencia del encarecimiento de los precios de vivienda que tendrán
que soportar los compradores.
El caso, a juicio del Grupo Municipal Socialista, es sangrante. Cabe
recordar cómo la concejala de Urbanismo, Cristina Vidal, salió del paso
en este tema en el pleno del pasado mes de octubre, intentando zanjar
la polémica con la grandilocuente declaración de que “va a abrir una
investigación” para asegurarse de que las promotoras no han cometido
“alguna pillería” para salir beneficiadas económicamente.
Es momento de preguntarse, tres meses más tarde, cuántas investigaciones se han abierto, a quiénes y con qué resultados,
o bien, si es pronto para tener resultados de la “detectivesca”
investigación, cuánto van a tener que esperar los adjudicatarios de
esas viviendas –que a base de incrementos de precio han llegado a ser
más caras que muchas viviendas libres-, para gozar de verdadera protección oficial.
Puestos a investigar desde la oposición, llegaríamos a preguntarnos si
no le convendrá a la propia concejala de Urbanismo, dejar pasar el
tiempo para que VIVA se siga enriqueciendo y cubrir de esta forma su
déficit.
Da la sensación de que, en lugar de en un país civilizado dotado de una
Constitución cuajada de derechos y deberes, estamos en el viejo y
lejano Oeste americano, un lugar sin ley, o donde las propias
administraciones callan ante quienes se la saltan, y de paso, abultan
el tamaño de sus alforjas.
Los datos son reveladores de lo vergonzoso que es el asunto ante el que
nos encontramos: mientras las fechas tope que tenían las empresas para
obtener licencias y calificación provisional terminaban el 18, 19 y 29
de julio de 2007, -un año después de la notificación de la
adjudicación-, sólo una empresa ha cumplido simultáneamente todos los
requisitos.
De las 15 empresas y cooperativas adjudicatarias, seis obtuvieron
licencia en plazo, ocho pasado el año (de las que la mayoría rondan los
dos años) y una aún no tiene licencia.
Sólo una empresa obtuvo la calificación provisional en el plazo del
año, siendo, por tanto, la única que cobrará a los compradores el
precio máximo legal fijado en el pliego gracias al cumplimiento de su
compromiso. Pese a los retrasos, otras cinco empresas cobrarán el
precio máximo previsto, ya que obtuvieron la calificación provisional
antes de finalizar 2007, y hasta enero de 2008 no se actualizó el
módulo.
Las demás empresas se beneficiarán de unos precios superiores, por
haber obtenido la calificación provisional con posterioridad. En
concreto, dos se beneficiarán del incremento de algo más del 4% que se
produjo como actualización del módulo a comienzos de 2008 y otras
cuatro se beneficiarán del 18%, a consecuencia de que, a partir del 20
de mayo de 2008, Valladolid pasara a ser municipio del grupo B (antes
era C), de acuerdo con la Orden FOM/785/2008, de 16 de mayo, de la
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León.
Dos promociones aún no han obtenido calificación definitiva, por lo que
su precio de venta podría haberse incrementado de nuevo a principios de
este año. Afortunadamente, el Gobierno ha congelado el módulo hasta
diciembre de 2009. Es de desear que para esa fecha, las empresas hayan
cumplido y se eviten nuevos encarecimientos.
El Ayuntamiento, VIVA, aún no ha suscrito las escrituras de compraventa
con cinco de las adjudicatarias. Salvo el único caso que ha cumplido
escrupulosamente los plazos, todas las demás se han firmado fuera del
plazo fijado en el pliego.
A la vista del ritmo de las obras, parece complicado que
alguna vivienda pueda estar terminada antes de finalizar julio de 2009,
plazo fijado por VIVA a la hora de enajenar suelo, puesto que hay algunas parcelas en las que ni siquiera ha comenzado el movimiento de tierras.
Es necesario recordar, una vez más, que el pliego de VIVA prevé sanciones que se aplicarían en caso de detectar la actuación irregular de alguna empresa,
que consisten en una penalización del 2,5% del precio de adjudicación
de la parcela por cada mes de retraso hasta los seis meses, y, si el
retraso es mayor, incluso la anulación de la adjudicación.
Es urgente saber ya qué ha ocurrido en cada caso, de quién es la
responsabilidad de los retrasos, y dejar de bendecir la penalización a
los compradores como consecuencia de los incumplimientos de las empresas.
