Dejar hacer, dejar pasar

26.10.08 – GUILLERMO DÍEZ

Llevaba meses coleando y el silencio ponía mordaza a
las quejas de los afectados, todos ellos embarcados en la conquista de
una vivienda de protección, con sueldos mileuristas y empleos más o
menos ‘amachambrados’. Ya se sabe que una hipoteca supone aceptar de
por vida una austeridad monacal. Pero obtener la independencia familiar
y conformar un nuevo hogar donde cobijar los proyectos y las ilusiones
futuras, bien puede compensar el esfuerzo.
Nadie espera que cuando se está a punto de alcanzar
estos anhelos, aparezcan unos logreros intentando arañar unos
beneficios extras bajo coacciones y pretendidos engaños. Tal es lo que
ha sucedido en el escandaloso asunto de Los Santos Pilarica que, sin
duda, no habrá sido el único ni será el último. En el caso que nos
ocupa, primero subieron a los solicitantes el precio de la vivienda
aplicando dudosos argumentos con lo que su coste se vio incrementado en
más de 30.000 euros. Luego pretendieron hacer obligatoria la
adquisición de una segunda plaza de garaje que suponía 20.000 euros
más, alegando los promotores como suprema razón que en caso de no estar
conformes podían irse por donde habían venido, por supuesto pagando el
20% de valor total del inmueble o el 40% de las cantidades ya aportadas
Lejos de que cada uno fuera a enjugarse las lágrimas a
su rincón, los compradores lograron unirse y presentar un frente común.
La Asociación de Vecinos Los Santos Pilarica estima en un millar las
viviendas que han podido verse afectadas. El valor del pelotazo puede
calcularse con una simple multiplicación. Pero aún siendo todo ello un
hecho vergonzante, aún lo es más el comportamiento de las
administraciones que, ante la indefensión de los futuros propietarios,
guardaron un silencio clamoroso o adoptaron una actitud de manifiesta
complicidad. En las primeras consultas a la empresa municipal VIVA se
informó a los afectados que los constructores podían exigir la compra
de la nueva plaza de aparcamiento. Las protestas y las implicaciones
del Procurador de Común y del Ministerio de la Vivienda hicieron que la
institución municipal cambiara de criterio y hasta que su presidenta,
la concejala de Urbanismo, hiciera acto de presencia. Por supuesto, ni
la menor exigencia de responsabilidad por parte de la Junta o del
Consistorio.

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