La concejala de Urbanismo, Cristina Vidal, anunció ayer durante el pleno que la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda abrirá una investigación para saber si promotoras de viviendas protegidas de Los Santos Pilarica pudieron dilatar a propósito los plazos para conseguir la calificación provisional, con la que tenían que contar, como fecha tope, el 13 de julio del 2007.
Compradores de pisos en el barrio han denunciado que algunas constructoras les han aplicado las subidas del IPC del 2008 (4,7%) y el nuevo precio del módulo (13%), con lo que el coste de sus casas se ha visto incrementado en más de 30.000 euros cuando, según el pliego, tenían que haber fijado el precio del 2007. La responsable de Urbanismo aclaró que habrá que analizar si alguna empresa ha cometido alguna «pillería» renunciando a la calificación para pedirla más tarde o aplazando la solicitud, de manera que fuera concedida en el 2008 para poder subir el precio.
En el pliego de VIVA se prevén unas sanciones que se aplicarían en caso de detectar la actuación irregular de alguna empresa. Concretamente, se puede penalizar con el 2,5% del precio de adjudicación de la parcela por cada mes de retraso hasta los seis meses, es decir el 15% de lo que pagaron por el suelo. Si el retraso es mayor VIVA podría anular la adjudicación, recuperar el suelo y abrir un nuevo proceso de selección.
Otra posibilidad es que el promotor haya cumplido, pero en la Junta, responsable de la calificación, no se haya tramitado el expediente en plazo. En este caso, el PSOE considera que «hay una responsabilidad patrimonial del Ejecutivo autonómico que no tienen por qué pagar los afectados».
La concejala y presidenta de VIVA intervino en la sesión para responder a la moción presentada por el PSOE en la que se solicitaba a la Sociedad Municipal que garantizase que los beneficiarios de VPO de Los Santos Pilarica pagarán sus casas a precio del 2007.
Vidal aseguró que VIVA asesora desde el pasado mes de enero a los compradores, después de que le hayan llegado cerca de 80 quejas por la obligación, por parte de algunas constructores, de adquirir una segunda plazas de garaje a precio libre. «Llega usted tarde y sólo busca apuntarse un tanto», le dijo la concejala al socialista a Óscar Puente.
Vidal recomendó a los afectados que no firmen el contrato de segunda plaza ni renuncien a la vivienda. ¿Y los que la han comprado según dicen «coaccionados» por la promotora? Para ellos, de momento, no se vislumbra solución al haber firmado ya el contrato.
El presidente del PSOE destacó la indefensión en la que se encuentran muchos afectados, familias y jóvenes a punto de emanciparse, que han visto crecer el coste de sus pisos por encima de sus posibilidades de pago. El Grupo Socialista quiere llegar hasta el final en este asunto. Así, no descartan pedir que las posibles penalizaciones económicas a las promotoras se repartan entre los afectados. En el caso de que la responsabilidad sea de la Administración tienen claro que por vía judicial los compradores podrían ganar el pleito.
Fuente: El Norte de Castilla
