• El nuevo Plan estatal mejorará la financiación de viviendas protegidas de nueva construcción para alquiler

  • El Plan de Vivienda persigue que la VPO se pueda obtener tanto
    por nueva promoción como por la reconversión del parque ya existente,
    para lo que se proponen medidas para facilitar la salida del actual
    stock de viviendas sin vender

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha clausurado este jueves
las jornadas de formación de periodistas de información económica
celebradas por la APIE con la colaboración de la Fundación Rafael del
Pino. En el transcurso de su intervención, la ministra ha destacado que
la intención de su Ministerio es que en el próximo Plan de Vivienda se
potencie el alquiler y, en este contexto, que mejore la financiación de
viviendas protegidas de nueva construcción para alquiler. Beatriz
Corredor ha recordado que “el objetivo de este Gobierno es conseguir
que al menos el 40% de las viviendas protegidas que se construyan en
los próximos diez años sean en régimen de alquiler”.

Beatriz Corredor ha explicado que “el impulso a la vivienda
protegida en régimen de alquiler tiene un objetivo complementario a
medio plazo, que se inserta dentro de las medidas estructurales con las
que el Gobierno quiere cimentar el mercado inmobiliario: la
constitución de un parque estable de viviendas en alquiler, a
disposición de las Administraciones Públicas, que garantice el derecho
a la vivienda de esta generación y de las venideras”. A este respecto,
ha destacado que “por eso el Plan mantiene la calificación de vivienda
protegida un mínimo de 30 años”.

La titular de Vivienda ha señalado que “durante los últimos años el
alquiler está mostrando una evolución más satisfactoria”. Esta
evolución positiva se mide en el hecho de que el número de hogares en
alquiler ha crecido en 2007 un 4,6%, frente al 2,4% en propiedad. No
obstante, el Gobierno quiere incidir en la implementación de medidas
que potencien el alquiler dado que, la proporción de viviendas
alquiladas es “claramente insuficiente”.

La ministra ha relatado que, al objeto de potenciar el mercado del
alquiler, tanto libre como protegido, el Gobierno va a adoptar una
serie de cambios legislativos. Entre los mismos se encuentran las
reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la de Arrendamientos
Urbanos, para reforzar la seguridad jurídica de los propietarios para
que se animen a poner en el mercado sus viviendas vacías.

Por otra parte, ha incidido en las medidas anunciadas por el
presidente del Gobierno en los últimos días: la regulación de las
sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria y la creación de una
nueva línea de crédito del ICO de 3.000 millones de euros para permitir
la refinanciación de la deuda de los promotores cuando conviertan la
vivienda libre en venta, en vivienda para alquiler durante un plazo
determinado. “Estas dos medidas están dirigidas, por un lado a
conseguir el principal objetivo del Gobierno, mantener el empleo, y a
estimular la oferta de alquiler y aumentar la liquidez”, ha recalcado
la ministra.

En el marco de las políticas de fomento del alquiler, la ministra ha
recordado la importancia de la Renta Básica de Emancipación, “una
medida que está ayudando a la los jóvenes a iniciar una vida
independiente”. La titular de Vivienda ha recordado que, según datos
del Observatorio de la Juventud, en el segundo trimestre del año la
emancipación de los jóvenes ha subido un 3%, “lo que coincide con un
aumento de solicitudes y de pagos de la Renta Básica de Emancipación.
Sólo desde el 1 de julio al 1 de octubre de este año se han
multiplicado por dos los pagos realizados por este concepto”, hasta
rozar los 45.000 perceptores.

Impulso a la vivienda protegida

El aumento del parque de vivienda protegida en España va a ser uno
de los puntales del próximo Plan de Vivienda. Por eso, “el nuevo Plan
de Vivienda persigue que la vivienda protegida se pueda obtener tanto
por nueva promoción como por la reconversión del parque ya existente”.
En este sentido, el Ministerio propone que en el nuevo Plan se
incorporen dos medidas que facilitarán la salida del actual stock de
viviendas sin vender: el Plan prorrogará al menos por un año la
posibilidad de calificar viviendas libres no vendidas como viviendas de
precio concertado y flexibilizará aún más la posibilidad de considerar
como viviendas usadas las casas libres terminadas sin necesidad de
esperar un año.

La ministra ha destacado el aumento que se ha producido en la
financiación de vivienda protegida, a pesar de la crisis que atraviesa
el sector de la construcción. Según el Informe de la Asociación
Hipotecaria Española de 2 de octubre de 2008, el saldo total del
crédito para financiación de vivienda protegida alcanzó el pasado mes
de junio los 32.203 millones de euros, lo que supone un 11,83% más que
el año anterior”.

A este respecto, Beatriz Corredor ha subrayado que las viviendas
protegidas iniciadas crecieron casi un 86% en el segundo trimestre de
este año con respecto al periodo enero-marzo, una tendencia que podría
verse reforzada gracias a los avales del ICO por importe de 5.000
millones de euros este año y otros 5.000 anuales hasta 2010 para que se
pueda financiar la construcción de vivienda protegida.

Necesidad de suelo público

En cualquier caso, la ministra ha querido dejar claro que “para
poder fortalecer una política pública en materia de vivienda es
necesario disponer, en cantidad suficiente, de un recurso tan básico
como es el suelo”. Partiendo de esta premisa, el Gobierno aprobó la
pasada legislatura la Ley del Suelo, la cual ha asentado las bases de
una nueva regulación y gestión del suelo. La ministra, no obstante, ha
explicado que, a pesar de los avances logrados por esta norma,
“necesitamos más suelo público”, por lo que “es un momento adecuado
para que el sector público incremente su participación en la
urbanización de suelo, contribuyendo a dinamizar el desarrollo de suelo
para evitar una escasez de solares en los próximos años”.

De este modo, el Gobierno ha venido acometiendo distintas medidas
para impulsar la urbanización de suelo para viviendas protegidas, entre
las que destaca la Oferta Pública de Compra de Suelo que se va a lanzar
próximamente. El suelo obtenido será desarrollado de manera inmediata
por la Entidad Pública Empresarial del Suelo, SEPES, dependiente del
Ministerio de Vivienda, para poner solares transformados a disposición
de los promotores públicos y privados de vivienda protegida. En esta
medida, “se dará preferencia, por lo tanto, para la compra a los
terrenos que se puedan transformar con mayor celeridad”, ha descrito la
ministra.

Colaboración de Administraciones y agentes económicos

En términos generales, la ministra ha resaltado que en la ejecución
de las medidas que se adopten en el próximo Plan de Vivienda resulta
imprescindible la colaboración de todas las administraciones
implicadas, así como la de los agentes económicos y sociales
implicados. En este sentido, Beatriz Corredor ha señalado que “las
empresas deben tener la seguridad de que el Gobierno está poniendo
todos los medios, dentro de un sistema de libertad de mercado, para que
el sector inmobiliario español crezca de forma equilibrada,
consiguiendo un mercado estructuralmente fuerte”.

En este contexto, la ministra ha apuntado que “resulta crucial la
intervención de las entidades financieras, que deben hacer una apuesta
decidida por el futuro de nuestras empresas, ofreciéndoles la liquidez
necesaria para que puedan afrontar los nuevos retos. Para facilitar
este objetivo, “el presidente del Gobierno ha anunciado la creación de
un fondo inicial de 30.000 millones de euros ampliable hasta 50.000
para facilitar la financiación de empresas y ciudadanos por parte de
las entidades financieras españolas”.

Plan Renove

Beatriz Corredor ha defendido la necesidad de sustituir el modelo de
construcción extensiva por otro de renovación intensiva del patrimonio
inmobiliario existente, “que no consume suelo, pero que precisa también
mano de obra y materiales de construcción en cantidades mayores que la
nueva edificación, por lo que también nos ayuda en la coyuntura actual
a estimular la generación y el mantenimiento del empleo, que hasta
ahora se desarrollaba en el sector de la construcción”.

Para potenciar estas políticas de mejora de la eficiencia energética
y de accesibilidad física de los edificios ya construidos, el
Ministerio está elaborando diversos instrumentos jurídicos, entre los
que la ministra ha destacado el Plan Renove, que contempla la
rehabilitación energética de 500.000 viviendas y edificios a lo largo
de la legislatura. “En este plan estamos trabajando junto con el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para presentarlo este año
al Consejo de Ministros”, ha explicado Beatriz Corredor, quien ha
señalado que “para el cumplimiento de este objetivo, el Gobierno dotará
al Plan Renove con 2.000 millones de euros anuales, a través del ICO,
para que se rehabiliten 500.000 viviendas a lo largo de la legislatura”.

El Plan Renove no sólo supondrá una importante contribución a la
lucha contra el cambio climático, sino que también ayudará a reducir la
factura energética que pagan los hogares. Las estimaciones económicas
de este ahorro se cifran en unos 280 euros al año por hogar con un
total estimado de 7.000 millones de euros.

Fuente: lacerca.com