CARMELO J. PÉREZ HDEZ.
«Hay suelo, mucho suelo municipal para construir Viviendas de Protección oficial (VPO)», declara con rotundidad Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Según Castro, que es también regidor del municipio madrileño de
Getafe, ni la actual crisis económica que sufre España ni la menor
financiación con que contarán los consistorios en 2009 serán óbice para
que se cumplan los objetivos propuestos. «Me reafirmo en mi compromiso
conjunto con el Ministerio de Vivienda: que el próximo año los
ayuntamientos somos capaces de poner en marcha 200.000 casas
protegidas», insiste.
Tan seguro está el portavoz de los alcaldes de que el futuro ‘pinta’
bien para la construcción de casas públicas que la FEMP va a crear un
equipo de peritos para acompañar a los ayuntamientos que no tengan
experiencia en la creación de VPO. «Si lo necesitan, estaremos con
ellos desde el momento en que confirmen que tienen suelo para edificar
hogares protegidos hasta que se entreguen las casas».
«Hay recursos municipales, autonómicos y, lo más importante, hay
dinero del Ministerio. Éste es el momento de los ayuntamientos, del
suelo público y de ‘mojarse’».
La duda de si tan optimista panorama resulta viable es fruto del
actual régimen de financiación local, por el que las corporaciones
municipales ingresarán a partir del 1 de enero un 0,6% menos a cargo de
los Presupuestos Generales del Estado. A estos 900 millones de euros de
reducción, según estimaciones del Partido Popular, habrá que restar,
además, la menor recaudación por impuestos y tasas provenientes de la
actividad inmobiliaria.
¿Supone este recorte que habrá que enterrar el aireado proyecto de
construir cientos de miles de casas protegidas de titularidad
municipal? «Estoy en contra de esta reducción y desde la FEMP
lucharemos para que no se haga efectiva. Aún no se ha dicho la última
palabra al respecto», matiza Castro. «Hay que aprovechar el momento
para ponerse manos a la obra. Antes las empresas no nos hacían caso [a
los ayuntamientos] porque el ‘boom’ inmobiliario les permitía poner los
precios que querían. Ahora somos su tabla de salvación y nuestros
proyectos les interesan mucho porque se vende todo», explica.
El mismo pensamiento comparten los responsables de vivienda del
Ayuntamiento de Zaragoza, cuyo alcalde, Juan Alberto Belloch, se ha
distinguido por ser uno de los más beligerantes contra la reducción de
ingresos en las arcas municipales de las grandes ciudades.
«En Zaragoza se intenta garantizar el mismo nivel de actividad que
el alcanzado en años anteriores. Incluso se avanzó la posibilidad de
sacar suelo para que la totalidad de los hogares de nueva planta fueran
de protección si el sector de la construcción sufría de manera muy
marcada los efectos de la crisis, una propuesta que fue bien valorada
por todos», explican fuentes del Consistorio maño.
Desde el Ayuntamiento de Madrid apuntan otra clave: «Salvo que las
empresas constructoras entren en una situación de concurso de
acreedores, la menor recaudación no afecta a la producción de viviendas
gracias al sistema de financiación de la Empresa Municipal de Vivienda
y Suelo, que apenas recibe un 2% de financiación municipal».
«Prácticamente la totalidad de las casas públicas pasan por nuestras
manos de una u otra forma. Tenemos gran parte del suelo, lo
planificamos, ponemos en marcha los planes generales de ordenación…
El éxito de la VPO reside ahora en que los ayuntamientos no nos
conformemos con ser espectadores de la crisis, sino que nos convirtamos
en verdaderos gestores, poniendo en práctica políticas activas. Es una
cuestión de interés», sentencia Castro, quien ultima ya los datos
solicitados por la ministra Beatriz Corredor sobre la cantidad y
emplazamiento del suelo municipal disponible para construir hogares
protegidos. Tras la entrega de esa lista, «que ya está casi acabada»,
será posible valorar el verdadero interés de las administraciones hacia
uno de los problemas que más preocupan a los españoles.
Fuente: El Mundo
