1ª. Se aconseja a los adjudicatarios de viviendas protegidas en Santos Pilarica que no renuncien a las viviendas que les corresponden, y por el contrario, defiendan sus derechos acudiendo masivamente para denunciar lo que les está sucediendo a la Oficina Municipal de Información y Consumo. El Ayuntamiento debería exigir a la OMIC prioridad para estas reclamaciones y realizar un seguimiento de su resolución, en defensa de los adjudicatarios.
2ª. Se pide a VIVA que cumpla y haga cumplir los plazos de los Pliegos de enajenación de suelo municipal en Santos Pilarica. En particular, que convoque a las empresas y cooperativas adjudicatarias de suelo y a los compradores, con fecha y hora, para la firma de los contratos de las viviendas como mejor garantía de la transparencia del proceso.
3ª. Se reclama a VIVA que garantice a los compradores que el precio máximo de las viviendas será el vigente el 13 de julio de 2007, fecha de vencimiento de los plazos que tenía el promotor para obtener la licencia y la calificación provisional. Siempre y cuando los retrasos sean imputables a éstos, se exige el cumplimiento de la cláusula 13 del Pliego de condiciones, y la consiguiente penalización a las empresas promotoras.
4ª. Si la causa del retraso fuera achacable al Ayuntamiento (no otorgar licencia en tres meses desde la solicitud) o la Junta de Castilla y León (no resolver la calificación provisional en tres meses desde su solicitud), se sugiere a los compradores que soliciten la responsabilidad patrimonial a estas Administraciones como consecuencia de su negligencia.
5ª. Se propone que en los próximos Pliegos de enajenación de suelo público se establezca como cláusula contractual que el precio máximo de venta de las viviendas protegidas sea el vigente en la fecha de vencimiento de los plazos dados al promotor para la obtención de licencia y calificación provisional. Dicho de otro modo, que los retrasos no beneficien al promotor y perjudiquen al comprador, como está sucediendo actualmente.
6ª. Se insiste en la necesidad de elaborar un Reglamento municipal de adjudicación de las viviendas protegidas, tanto las que se ejecuten sobre suelo público como privado, que garantice la transparencia e igualdad de oportunidades, mejorando el actual Protocolo de adjudicación de viviendas protegidas.
En opinión del Grupo Municipal Socialista, los principales problemas con los que se han encontrado los compradores derivan de la falta de transparencia y de la desidia de VIVA en controlar el proceso y las obligaciones de los promotores a los que se les enajenó suelo municipal mediante concurso.
Retrasos en los plazos y encarecimiento del precio de las viviendas
Se adjunta (ver archivo anexo pinchando en el enlace situado al pie de la noticia) una relación de parcelas que fueron enajenadas por VIVA a promotoras y cooperativas el 13 de julio de 2006, con la fecha en la que se les ha otorgado licencia de obras. De las que no se aporta fecha, el Grupo Municipal Socialista-PSOE no tiene constancia de que se le haya otorgado licencia.
En negrita figuran aquellos adjudicatarios que han incumplido el plazo de un año para obtener licencia fijado en la cláusula 10.6 del Pliego del Concurso para la enajenación de suelo aprobado por VIVA. En el mismo plazo, según la cláusula 8 del Pliego, las empresas y cooperativas tendrían que haber contado con la calificación provisional, documento en el que se fijan los precios de las viviendas protegidas.
Pues bien, sabemos que los incumplimientos de estos plazos han conllevado dos incrementos en los precios de las viviendas protegidas: el primero por el incremento anual del módulo (Precio básico nacional) a los precios de 2008, producida el 13 de enero, que supuso un aumento de algo más de un 4%; el segundo como inclusión de Valladolid en la categoría de municipios B (antes se encontraba en la C), lo que supuso una subida del 13% sobre el anterior con la publicación de la Orden FOM/785/2008, de 16 de mayo, en el Boletín Oficial de Castilla y León del 20 de mayo. En total, casi un 18% más del precio que se tendría que haber cobrado a los compradores.
Esta situación ha supuesto, en lugar de la aplicación de las penalizaciones previstas en la cláusula 13 del Pliego, un claro beneficio para los incumplidores. Frente a las sanciones del 2,5% mensual hasta los seis meses de incumplimiento y la posibilidad de resolver la adjudicación transcurrido este plazo, los promotores incumplidores pretenden beneficiarse del incremento de precios.
Para hacerse una idea, una vivienda VPC de 90 m2 útiles, garaje y trastero ha pasado de 165.464,21€, si se han cumplido las obligaciones del pliego, a los 194.754,46€, si no se han cumplido. Es decir, quien incumple puede beneficiarse en 29.290,25€.
Por otro lado, la cláusula 10.8 del Pliego obliga a los promotores a concluir las obras en 24 meses desde el otorgamiento de la licencia, es decir, en el peor de los casos, los edificios tendrían que estar acabados el 13 de julio de 2009, plazo que parece de difícil cumplimiento en la mayoría de los casos con los consiguientes perjuicios para los adjudicatarios tales como la imposibilidad de emanciparse, el pago de alquileres, etc.
Segundas plazas de garaje
En los últimos tiempos se han conocido los problemas sufridos por algunos adjudicatarios de viviendas a los que algunas promotoras exigen la compra de una segunda plaza de garaje como condición para firmar el contrato de compra venta.
En primer lugar, el Grupo Municipal Socialista-PSOE reitera que no es obligatorio comprar una segunda plaza de garaje en ninguna promoción de vivienda protegida. Sólo es obligatoria la compra de una plaza de garaje y un trastero cuando figuran como anejos a la vivienda en la calificación provisional que otorga la Junta de Castilla y León.
Por otro lado, el Plan Parcial Santos-Pilarica sólo obliga a los promotores a construir una plaza de garaje por cada vivienda que se construya, es decir, son algunos promotores quienes han decidido construir más plazas de garaje de las que exige la normativa urbanística. En cualquier caso, aunque la normativa urbanística obligara a más plazas de garaje, tampoco sería obligatorio comprar más de una por parte de los adjudicatarios de vivienda.
Por tanto, la compra de una segunda plaza de vivienda es algo que debe decidir voluntariamente cada comprador y nunca puede suponer que alguien se quede sin una vivienda protegida.
Pasividad de VIVA que beneficia a los promotores incumplidores de los pliegos
Pese a la claridad de los pliegos y las constantes reclamaciones, desconocemos si VIVA ha emprendido algún tipo de actuación tendente a garantizar el cumplimiento de los plazos, en particular, la aplicación del régimen de sanciones previsto en el Pliego. Lo que sí sabemos es que algunos pretenden beneficiarse de dicha circunstancia incrementando el precio de las viviendas.
Al margen de los perjuicios a los compradores, la situación pone de manifiesto que con este Ayuntamiento es mejor incumplir que cumplir: las empresas que incumplen pretenden incrementar los precios de venta, las que han cumplido los plazos han tenido que vender al precio que correspondía. Claramente, es un Ayuntamiento que no mira por el interés de los ciudadanos ni por la igualdad de oportunidades entre empresas.
En pasados Consejos de Administración de VIVA, los representantes del Grupo Municipal Socialista-PSOE solicitaron a la Concejala de Urbanismo y Vivienda que se insertaran anuncios en prensa y cuñas de radio informando sobre la no obligación de comprar segunda plaza de garaje, petición que no ha sido tenida en cuenta.
Consecuencias de un sistema de adjudicación sin transparencia
El Grupo Municipal Socialista-PSOE denuncia que estas situaciones son la consecuencia del sistema de adjudicación de viviendas protegidas habido hasta este año, donde se entregaba al promotor adjudicatario de suelo público la decisión de elegir al comprador, renunciando así el Ayuntamiento de Valladolid a todo tipo de control público en el proceso. Sabido es el cúmulo de problemas que ha generado esta situación en la que la falta de transparencia ha significado que no todos tuvieran las mismas oportunidades de acceder a una vivienda protegida.
Los suelos de Santos Pilarica, como los de Villa del Prado fueron adjudicados sin exigir sorteo público para determinar los compradores. En Santos Pilarica, algunos de los promotores decidieron adjudicar sus viviendas mediante sorteo entre su lista de demandantes, sin que tampoco estuviera muy claro cómo se entraba en esas listas. Conviene recordar que las condiciones de venta de suelo en Santos Pilarica no obligaban al sorteo, sólo era algo que podría proponer el promotor como mejora.
Pese a ello, el sistema empleado entonces sigue dando problemas a los compradores como se está poniendo de manifiesto en estos días en los que la falta de información clara y el control público necesario hacen que algunas personas, hastiadas, renuncien a la vivienda que tanto les ha costado conseguir.
Por otro lado, el protocolo de adjudicación que ahora se utiliza, con aplicación del sorteo, sigue dejando algunos pasos de la adjudicación en manos de los promotores, algo que no parece oportuno de cara a garantizar la máxima transparencia del proceso.
