Más casas para más familias. Ésa parece ser la máxima con la que ha elaborado el Plan de Vivienda 2009-2012 el departamento de Beatriz Corredor. El borrador del plan establece nuevas horquillas de ingresos,según las cuales tendrán acceso a una VPO hogares con ingresos de hasta 43.400 euros anuales.
Raquel Díaz Guijarro / MADRID (17-09-2008)
Diversos estudios han puesto de manifiesto que numerosos demandantes
de vivienda han sido expulsados del mercado los últimos años por los
altos precios de las casas y el endurecimiento del acceso al crédito.
Por ello, el nuevo programa 2009-2012 revisará los tres principales
rangos de ingresos que deberán cumplir las familias que quieran acceder
a una vivienda de protección oficial (VPO), tanto en propiedad, como
alquiler.
El salto más significativo se produce en la parte baja de la tabla.
Así, desde hace al menos dos planes de vivienda completos, las familias
con ingresos de hasta 2,5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (Iprem) tenían derecho a una VPO de régimen especial,
que son las más baratas del mercado y las que tienen unas condiciones
de financiación más ventajosas. En el borrador del plan 2009-2012, al
que ha tenido acceso CincoDías, esa horquilla se amplía hasta cuatro
veces el Iprem. Con las cifras de 2008, eso significa que los hogares
más beneficiados por la política pública de vivienda serán aquellos con
ingresos de hasta 24.811 euros anuales, cuando con el baremo anterior
el tope estaría en apenas 15.500 euros.
El siguiente rango es para quienes perciban ingresos de hasta seis
veces el Iprem (37.216 euros), que podrán adquirir o alquilar VPO de
régimen general. El anterior límite estaba en 5,5 veces el Iprem. Por
último, la vivienda de precio concertado podrá ser adjudicada con
rentas de hasta siete veces el Iprem (43.419 euros), cuando hasta ahora
estaba topado en 6,5 veces. Fuentes consultadas por este periódico
consideran que es demasiado estrecho el margen entre el régimen general
y el concertado (seis y siete veces el Iprem) y creen que el ministerio
podía haber sido algo más ambicioso.
El futuro plan establece además como criterio general que las cuotas
hipotecarias o rentas de alquiler que paguen los beneficiarios de VPO
no excedan el 40% de sus ingresos mensuales, cuando los expertos
recuerdan que lo aconsejado por la banca es el 30%.
En cuanto a ayudas directas, mantiene la otorgada para la entrada,
la subvención a los inquilinos ya en vigor, que coexiste con la renta
básica de emancipación, pero no menciona en ninguna de sus 20 páginas
los 6.000 euros para los propietarios que alquilen un piso vacío. Esto
hace pensar que este incentivo, de escaso éxito a nivel nacional,
quedará relegado al ámbito autonómico. El equipo de Corredor apuesta
por el alquiler con opción a compra, implantada en un principio por
Madrid y denostada por el Gobierno central y se marca como objetivo que
el 40% de las nuevas casas sean en régimen de arrendamiento. De manera
prudente, el borrador no establece un objetivo de actuaciones anuales.
El nuevo programa aboga por mantener la ayuda al inquilino, pero elude mencionar la del propietario |
La rehabilitación es otra de las áreas que más atención recibe,
aunque siempre referida a renovaciones integrales de barrios o
conjuntos históricos. El plan no menciona las ayudas previstas para la
mejora de la eficiencia energética de los pisos, anunciadas por
Corredor. Todo apunta a que se sacarán de este plan, ya que dicha
iniciativa supone desarrollar un viejo proyecto de Industria.
Las regiones denuncian injerencias en el plan
Las reuniones se suceden estos días entre los técnicos de
Vivienda y los responsables autonómicos preparando la próxima cumbre
multilateral que se celebrará el 25 de septiembre, antesala de la
Conferencia Sectorial, de donde deberá salir el texto casi definitivo.
Una
vez que el Gobierno ha decidido dar auxilio financiero a las promotoras
a través del ICO y facilitar la conversión de su stock en VPO, la
atención se centra en conocer cómo será el plan 2009-2012, ya que éste
puede ser la tabla de salvación de muchas inmobiliarias. Fuentes de los
distintos Gobiernos regionales consultados hablan de cierta decepción
cuando han conocido las líneas maestras de dicho programa, ya que no
hay ninguna iniciativa totalmente nueva. Además, califican el texto
preliminar de ‘confiscatorio, intervencionista y extremadamente
controlador’, al tiempo que acusan al Ministerio de injerencia en
competencias de exclusividad autonómica. Estas fuentes aseguran que
establecer en un mínimo de 30 años el plazo en el que una VPO no podrá
ser descalificada es confiscatorio cuando algunas regiones ya habían
fijado periodos inferiores. Recuerdan que el borrador determina que los
precios máximos de venta de las VPO podrán ser pactados entre la
comunidad y los ayuntamientos, cuando hasta ahora esto era competencia
exclusiva de las regiones y critican que sea obligatorio que el
beneficiario de una casa protegida deba estar inscrito en un registro
de demandantes. Rechazan que Corredor pretenda fiscalizar todas las
actuaciones realizadas, sean financiadas con fondos estatales o no.
Fuente: Cincodías
